Caso Leopoldo López, Venezuela: La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

No hay fallo eventual. Hay una sentencia aprobada unánimemente que está pendiente de su publicación en español, inglés, portugués y francés que son los idiomas de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La sentencia no propicia la corrupción

Durante su sesión en Cartagena, Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el voto unánime de sus jueces, dictó sentencia en el caso Leopoldo López vs. Venezuela. La sentencia está en conocimiento tanto del Estado venezolano como de la víctima. No puede hacerse pública antes de que la Corte lo decida, en un plazo breve.

 

El Agente del Estado Venezolano, señor Germán Saltrón, teniendo conocimiento, como se sabe, de la sentencia favorable a Leopoldo López, declaró sobre el caso a Venezolana de Televisión, según se desprende de noticia publicada en el diario El Universal de ayer, 6 de septiembre de 2011, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Un eventual fallo favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, equivaldría a “propiciar la corrupción” en la región y colocaría a ese organismo en una situación “muy difícil”. Sobre esta primera declaración, cabe decir lo siguiente:

 

No hay fallo eventual. Hay una sentencia aprobada unánimemente que está pendiente de su publicación en español, inglés, portugués y francés que son los idiomas de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La sentencia no propicia la corrupción. En el supuesto negado de que en el caso de Leopoldo López hubiese habido corrupción —cosa que no ha sido objeto de ninguna decisión— no le corresponde a la Corte determinar si se cometió delito de corrupción. A la Corte, en el caso en cuestión, le corresponde determinar si el hecho de que la Contraloría General de la República, al inhabilitar a Leopoldo para el ejercicio de sus derechos políticos, violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, si un órgano administrativo del Estado venezolano podía actuar como tribunal de justicia e imponer una pena subsidiaria de la pena principal de un delito, que según la tipificación del mismo, acarree privación de derechos políticos. Decir que una decisión como la que se comenta equivaldría a “propiciar la corrupción”, equivaldría a decir que una sentencia de la Corte Interamericana, al decidir que a un homicida se le sentenció sin habérsele permitido ejercer el derecho de defensa y que, por lo tanto violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, equivaldría a propiciar el homicidio en la región.

 

El Agente del Estado, según añade El Universal, negó que al exalcalde se le hubieran negado sus derechos políticos, pues “él puede ejercer sus derechos políticos, él puede votar, lo que no puede es postularse a cargo de elección popular porque tiene una sanción por hechos de corrupción”. Dicha declaración implica ignorancia o mala fe. ¿Acaso el hecho de que a alguien se le niegue postularse a cargo de elección popular no es una privación de derecho político consagrado en la Constitución? Además, Leopoldo López no tiene ninguna sanción penal por hecho de corrupción ya que el Contralor General de la República no está facultado para imponer una sanción que sólo puede imponer un tribunal penal en el caso de determinados delitos. La Constitución es muy clara a este respecto: “Artículo 65 °.- No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.”

Saltrón, según se informa, se refirió a la posibilidad de que Venezuela, tal como lo hizo Alberto Fujimori en el caso de Perú, retirara su sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijo: “Si nos retiramos, no vamos a tener la oportunidad de defendernos”. Ignora el Agente que un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ratificarla puede o no aceptar el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Si acepta someterse, como lo hizo Venezuela, no puede dejar de someterse cuando se le antoje. Lo que sí permite la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que un Estado parte denuncie el tratado pero esa denuncia no se hace efectiva sino un año después de su manifestación. La defensa de un  Estado demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana por lo general se basa en que no se agotaron los recursos internos o que no se han probado los hechos constitutivos de la violación. En ningún caso puede tener efecto una defensa según la cual se procedió a inhabilitar a una persona porque había incurrido en actos de corrupción.

 

Refiriéndose al mismo caso, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez,  aseguró que el Estado venezolano tiene una expectativa positiva en cuanto a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la inhabilitación del exalcalde de Chacao, Leopoldo López. Dijo que los representantes del gobierno venezolano se pronunciarán sobre la sentencia, sin mencionar que el Agente del Estado ya se había pronunciado, tal como arriba se expone. Textualmente dijo: “Ellos saben que [de] la sentencia que se emane, que no la conocemos (…) dependen muchos factores para la región”, recordando que el mal manejo de fondos públicos tiene un impacto fuerte en las economías latinoamericanas. Manifiesta su ignorancia sobre los procedimientos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

 

En efecto, no le correspondía a la Corte Interamericana determinar en el caso concreto, si el mal manejo tiene un impacto fuerte en las economías latinoamericanas. A la Corte le correspondía decidir si a Leopoldo López se le habían violado o no sus derechos. Como defensora del gobierno, que lo es mucho más que del pueblo, Gabriela Ramírez quiere hacerle creer al público que Leopoldo López hizo un mal manejo de fondos públicos, cosa que no ha decidido ningún tribunal. La funcionaria del gobierno —y no del Estado, como debería ser— añadió que: “Hay uno de los magistrados que ha dicho que ha ponderado muy bien cuáles son las consecuencias que tendría esta decisión para toda la región”. ¿Qué clase de interpretación es esa? No es mucho más lógico pensar que esa decisión tendría consecuencias en la región, pensando en el gran número de inhabilitaciones inconstitucionales de derechos políticos en los países de la región, sobre todo en Venezuela y Colombia —recordar el caso de la senadora Piedad Córdoba.

 

La gota que hace desbordar el vaso en este caso de Leopoldo es la declaración de la señora Luisa Estela Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según quien “recurrir a los órganos judiciales internacionales es una forma de desestabilización”. Ignora la señora que la Constitución de la República Bolivariana dispone: “Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.” ¿Se trata de ignorancia o de sumisión al Poder Ejecutivo? Uno se lo pregunta, sobre todo cuando ha afirmado que no creía en la separación de poderes ya que el poder del Estado era uno solo. ¿De quien?

 

Es bueno recordar a todos los funcionarios que violan las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que dispone el Código Penal venezolano: “Artículo 156.- :“Incurren en pena de arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de uno a  cuatro años: omissis

 

…(3).  Los venezolanos o extranjeros que  violen las Convenciones o Tratados   celebrados por la República de  un modo que comprometa la   responsabilidad de ésta”.
También es oportuno informar a los Rectores del Consejo Nacional Electoral que, si la sentencia de la Corte Interamericana dispone que la inhabilitación, por parte del Contralor de la República, de Leopoldo López para ejercer sus derechos políticos, en particular el de postularse para un cargo de elección popular, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, por el hecho de que las normas de la Convención son autoejecutables, pueden aceptar la postulación de Leopoldo López como candidato a la Presidencia de la República, sin necesidad de pasar por el ilegítimo filtro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 

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