El Supremo retira la euroorden

El último movimiento del Tribunal Supremo retirando la euroorden de detención de los cinco fugados a la capital de Europa es una decisión contra el crono, correcta y correctora.

Los efectos del principio de doble incriminación, podrían haber llevado al magistrado del Supremo a retirar la demanda. Y eso tiene en cuenta que el juez belga decidirá el 14 de diciembre sobre la euroorden de los ex miembros del Govern.

Si los presuntos delitos -rebelión, sedición y malversación de fondos públicos- que pesan sobre los dirigentes soberanistas, por los que se cursó la orden de la Audiencia Nacional, no están recogidos en el Código Penal del país que recibe la orden de detención, en este caso Bélgica, y por tanto no son punibles en este país, existe el riesgo de que el juez belga solamente acceda a la demanda española por el delito de malversación de caudales públicos.

Esto equivale a que solo se les podría juzgar a los cinco políticos catalanes por este presunto delito, con lo que no podrían ser juzgados en España por sedición ni rebelión.

La retirada de la euro orden a los miembros cesados del gobierno catalán no es una buena noticia para ellos
De ahí, el peligro de que se produzca una “distorsión sustancial” en el tratamiento judicial, de manera que los que se han quedado en España corran más riesgos y sean juzgados por más delitos que los que han huido.

Se argumenta que el motivo de la retirada es que los encausados “parecen haber manifestado” su intención de volver a España para ejercer sus mandatos electorales, en la medida en que son candidatos a las elecciones autonómicas. Curioso razonamiento para obstaculizar la ejecución de una medida prevista.

La decisión del juez Llarena mantiene la orden de detención española, pero retira la orden de detención dictada por la juez de la Audiencia Nacional, tras la aplicación del 155 y la publicación de la querella de la Fiscalía General del Estado.

La retirada de la euro orden a los miembros cesados del gobierno catalán, que siguen acantonados en unos apartamentos de la vieja Lovaina, no es una buena noticia para ellos, aunque los 19 abogados con que cuentan para su defensa encontrarán la manera de prolongar su estancia en Bélgica, al menos hasta después de 21 de diciembre. De momento, se han dado prisa a cantar victoria: “Hemos ganado antes de tiempo pero nuestros defendidos no regresarán de Bélgica”.

Los abogados defensores de los ex consellers, ya habían argüido que si se concede la extradición existe el riesgo de “violación de derechos fundamentales”. Intolerable e injusta acusación, pero rebatirla incumbe a los aparatos del Estado español.

A este tropel de letrados, la justicia española les ha cortado la hierba debajo de los pies. Y pone en peligro sus minutas, que pueden menguar si los cinco regresan a España para responder por sus delitos o se quedan en Bélgica hasta que sus amigos de la Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA, los nacionalistas flamencos, se acaben cansando, de tanto ir y venir.

La opinión belga, sobre todo la valona, se empeña ya en plantear preguntas incómodas sobre quién paga los gastos derivados de estos procedimientos. Hay quien considera que se “está instrumentalizando la justicia belga”.

Otros, sorprendidos al escuchar a los abogados de los huidos que la malversación de fondos públicos no es delito en Bélgica, reclaman que después de 183 días de andanzas, empiecen a pagar sus impuestos al fisco belga.

Lo que no se acaba de comprender es que otro país europeo se mezcle, de forma indirecta, en los asuntos de España
Lo que parece claro es que esta decisión del Supremo que alivia al gobierno y a la justicia belga y evita Estrasburgo (Tribunal de los Derechos Humanos) prefiere solucionar el asunto internamente, lavando la ropa en casa sin publicidad internacional, que es lo que buscan. Basta con esperar la vuelta al hogar.

Lo que está claro es que los cinco han viajado a un país tan garantista como Bélgica para evitar, con la ayuda de abogados especialistas en evitar extradiciones, ser entregados a los jueces españoles.

Algunos se preguntan si el principio de especialidad en materia de ejecución de la euro orden no se sabía desde el principio. Ello supondría que la rectificación del Supremo sería la confesión del error sobre el camino escogido para resolver este asunto. Mas bien, tendría que ver con la acumulación de todos los sumarios en el Supremo.

Lo que no se acaba de comprender es que otro país europeo de mezcle, de forma indirecta, en los asuntos de España. Tampoco la dilación del juez belga para decidir sobre la euro orden, ya que esta existe precisamente para ganar tiempo y se basa en la confianza y credibilidad entre países miembros.

El efecto inmediato de la retirada de la orden de detención ha sido el levantamiento de las medidas cautelares.

Lo que ahora queda por ver es si los encausados van a regresar a Cataluña, teniendo en cuenta que son candidatos. Si vuelven, serán detenidos y si se quedan en Bélgica su elección puede ser invalidada si no  prestan juramento. Tampoco podrán a partir de ahora invocar la existencia de la orden de extradición.