COMUNICADO
Colegio de Abogados fija posición ante la criminalización del ejercicio de la abogacía
El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en cumplimiento de su deber gremial y social manifiesta su repudio a la medida de la Fiscalía General de la República, mediante la cual se ha acusado a la colega Perla Jaimes, por la supuesta comisión del delito de obstaculización a una orden judicial, previsto en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quienes observamos en vivo la actuación de esta profesional del derecho en el allanamiento practicado a la residencia del Dr. Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, pudimos apreciar su coraje en la exigencia para que se cumpliera la garantía constitucional del debido proceso, ante el atropello de las autoridades que lo practicaban.
Esta nueva agresión, que pretende institucionalizar los allanamientos arbitrarios en su ejecución, lo cual deja en total estado de indefensión a quien se le practica, se inscribe en lo que se evidencia como una política de terrorismo de Estado, que pretende someter, arrodillar, postrar al gremio de abogados mediante la criminalización sistemática del ejercicio libre y autónomo de la abogacía. El presente que se está sentando es sumamente grave.
Reiteradamente este Colegio de Abogados ha hecho público su rechazo a otras modalidades de esa misma práctica gubernamental. El deterioro de la infraestructura judicial; la escasez de tribunales, de defensores públicos y de fiscales; la promoción de proyectos legislativos que pretenden criminalizar la supuesta mala praxis de abogados litigantes; la apertura de procesos penales contra estos últimos; la intercepción y posterior publicación por parte de funcionarios públicos de telefonemas y mensajería electrónica cursadas entre abogados con sus clientes; las repetidas expresiones despectivas contra defensores, contenidas en diversos fallos de nuestro más alto tribunal y de juzgados de instancia, que se han hecho usuales en Venezuela para incitar el odio público contra los colegas defensores; la pretendida intervención de este colegio; la destitución y encarcelamiento arbitrario de jueces que en ejercicio de los deberes inherentes a su cargo han otorgado algún beneficio a un preso de interés para el régimen, como es el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, para quien reiteramos nuestra exigencia del cese de su encarcelamiento arbitrario.
Todas estas prácticas, que violentan las garantías esenciales para que los abogados puedan desempeñar sus funciones con autonomía e independencia, evidencian la ausencia de Estado de Derecho, pues de operar un Poder Judicial y un Ministerio Público verdaderamente autónomos, que no dependiesen de las directrices emanadas del Ejecutivo, la Fiscalía General de la República en lugar de acosar abogados, habría activado procesos penales contra quienes atentan contra nuestro gremio.
La comisión interamericana de los derechos humanos ha expresado que “el derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.” Dic 2002 informe No 78/02. Caso 11.335
Los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados”, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas consagran:
“Garantías para el ejercicio de la profesión.
16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Las “Directrices sobre la Función de los Fiscales”, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas establecen:
“12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.
13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:
a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política…”
Los abogados somos esenciales en la protección de los derechos humanos, somos los garantes de la justicia y los defensores de valores que no tienen precio y sin los cuales la vida no tendría sentido, como son: la libertad, la igualdad ante la Ley, la familia, el honor, la propiedad y la convivencia en paz. Como parte integrante del sistema de justicia tenemos el deber y el derecho de asistir a quienes requieren de nuestros servicios en la defensa de sus derechos y en nuestro deber indeclinable de hacer respetar la independencia y autonomía del libre ejercicio de la abogacía frente a los poderes del Estado:
1- Reiteramos nuestro repudio a la utilización de la justicia como un instrumento para la represión y la imposición de una ideología totalitaria.
2-Recordamos a las autoridades que la Constitución, las leyes y la política de un país deben garantizar un sistema judicial verdaderamente autónomo, imparcial e independiente del resto de los poderes públicos. Los jueces, los fiscales y los abogados deben tener garantizada la libertad para ejecutar los deberes inherentes a su profesión sin interferencias políticas y con la debida protección de cualquier agresión. Es responsabilidad del sistema de justicia garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, el equilibrio entre los Podres Públicos, el Estado de Derecho y la Democracia, requisitos esenciales para un desarrollo sustentable.
3- Exigimos a la Fiscalía y a los jueces que desconocen la constitución y las leyes garantes de los derechos humanos que cesen en su afán de criminalizar el ejercicio de la abogacía.
4- Expresamos nuestro apoyo a la profesional del Derecho Perla Jaimes, respetada por el gremio de abogados.
5- Reiteramos a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz en la defensa de sus derechos y un muro de contención en la imposición de un sistema de injusticia como el cubano, en el cual, los acusados por el régimen son juzgados y "defendidos" por gente del régimen, según el criterio del régimen.
6- Convocamos a asumir el restablecimiento del Estado de Derecho, especialmente a los abogados.
7- Denunciamos que la referida acusación atenta claramente contra todo orden democrático y violenta groseramente
8- El Colegio de Abogados de Caracas, no va a cesar de denunciar tales hechos ante los órganos garantes de derechos humanos existentes en el sistema interamericano, así como ante la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. En tal sentido conviene recordarles a quienes han hecho de tales acosos una práctica reiterada, que las violaciones de los derechos fundamentales no prescriben, ni quedan exoneradas a través sentencias o decisiones ilegítimas o amañadas, sin efecto de cosa juzgada, por la carencia de autonomía de quienes las profieren. Más temprano que tarde, aquí mismo en Venezuela o en las instancias internacionales competentes, cesará la impunidad que hoy campea fueros en nuestra amada Patria.
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